El fallo anunciado hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso McFadden lo demuestra: No puede existir una estrategia de mercado único digital sin hacer frente primero a los problemas de nuestro sistema de derechos de autor.
Fue justo ayer cuando Juncker, el presidente de la Comisión, nos prometió que, para 2020, todas las ciudades y pueblos europeos tendrían acceso a Wi-Fi libre. Hoy, debido a las complejidades del copyright y de su aplicación, este objetivo parece más ilusorio que nunca.
El Tribunal ha dictaminado que los tribunales pueden dictar requerimientos a petición de los propietarios de derechos de autor que requerirían al operador de una red de Wi-Fi libre restringir el acceso mediante una contraseña. Esto no supone un riesgo solamente para las personas privadas que operan Wi-Fi libre, sino también para los proveedores comerciales o para los puntos de acceso provistos por las autoridades locales, tal y como preveía la Comisión Europea – y quebranta sus objetivos establecidos.
Han sido las trabas burocráticas como ésta las que han frenado la puesta en marcha del Wi-Fi libre y las que han llevado recientemente al gobierno alemán a reformar su ley con el objetivo de proteger a los proveedores de Wi-Fi libre frente a cualquier responsabilidad o coste que pudiese surgir por infracciones de copyright.
La iniciativa del presidente de la Comisión, Juncker, para promover el Wi-Fi público está pensada para ‘grupos demográficos con dificultades para acceder a la conectividad, como son los refugiados’. Los materiales promocionales ilustran claramente que el Wi-Fi no requiere contraseña para poder conectarse. Si el Wi-Fi libre se supone que va a ser no solo gratuito, sino también libre de barreras, solicitar entonces una contraseña y, por lo tanto, registro previo no puede ser una opción. Esto afecta especialmente a los refugiados, quienes pueden no tener la capacidad de probar su identidad.
Lamento que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no haya seguido la opinión del Abogado General, quien determinó que la obligación de asegurar el Wi-Fi con una contraseña podría provocar un daño desproporcionado a la sociedad en su conjunto, ya que llevaría a un menor número de puntos de acceso Wi-Fi públicos. El beneficio social de los Wi-Fis libres sobrepasan con diferencia los riesgos potenciales de los propietarios de derechos de autor.
Necesitamos una base legal segura para un Wi-Fi libre y abiertoTweet this!
La Comisión ahora debe llevar a cabo su promesa. En vez de seguir la iniciativa del Comisario Oettinger, el cual acaba de anunciar una reforma de los derechos de autor que supondrá obligaciones adicionales a los proveedores para que continúen evitando la responsabilidad de las infracciones de copyright de sus usuarios, necesitamos el enfoque contrario. Lo que necesitamos es una base legal segura para ofrecer un Wi-Fi libre y abierto.
En la medida en que lo permita la ley, el autor renuncia a todos los derechos de autor y derechos conexos de este contenido.